9.7.04

El muro ilegal

Por 14 votos a 1, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ha decretado que el muro construido por Israel en Cisjordania atenta contra el derecho internacional y que debería ser derribado. La construcción del muro, valla o barrera debería, por tanto, interrumpirse, y las partes ya erigidas deberían ser desmanteladas.

Pero eso no va a ocurrir. En primer lugar, porque el dictamen no obliga legalmente a nadie. Responde a una petición de la Asamblea General de la ONU, que ahora deberá decidir si pide al Consejo de Seguridad que tome medidas para aplicar la decisión judicial. En segundo lugar, porque al Estado de Israel le traen completamente sin cuidado las decisiones de las instituciones de la comunidad internacional, excepto cuando le benefician o perjudican a sus enemigos. El portavoz del Gobierno israelí ya ha dicho que el dictamen terminará en el basurero de la historia. Lenin estaría orgulloso de que su lenguaje tenga discípulos tan aventajados.

El Tribunal de La Haya argumenta que las necesidades de seguridad de Israel no justifican lo que es, a todos los efectos, una anexión de territorio palestino:

"The Court considers that the construction of the wall and its associate regime creates a fait accompli on the ground that could well become permanent, in which case, and notwithstanding the formal characterization by Israel, it would be tantamount to de facto annexation".

Lo que no va a terminar en ningún basurero de inspiración leninista es la reciente decisión del Tribunal Supremo israelí de imponer la modificación del trazado del muro al norte de Jerusalén. Los jueces israelíes no cuestionan la legitimidad de su Gobierno para construir la barrera en Cisjordania, pero sí advierten que no puede hacerse sin tener en cuenta las necesidades de los palestinos y su derecho a ser compensados. El Gobierno de Sharon se va a ver obligado a cambiar parte de ese trazado, y en teoría podría ocurrirle lo mismo en el resto del muro. También en la zona norte de Cisjordania, miles de palestinos se han visto separados de sus tierras, sus hospitales y sus colegios, y, según la decisión judicial, deberían tener el mismo derecho a que se protejan sus intereses.

A lo largo de su existencia, la justicia israelí nunca ha impuesto a sus Gobiernos la obligación de respetar, por encima de todo, las obligaciones que cualquier Estado tiene en relación a territorios ocupados sobre los que no tiene jurisdicción legal. Siempre ha considerado que el Estado puede tomar las decisiones que estime oportunas para proteger la vida de sus ciudadanos. ¿Quién adopta y ejecuta esas decisiones? Obviamente, no los jueces, sino el propio Gobierno.

La decisión del Tribunal Supremo es una muestra del funcionamiento democrático del Estado israelí, de que la división de poderes funciona a veces como forma de controlar al Gobierno. Desgraciadamente, al mismo tiempo es un ejemplo de las limitaciones de esa democracia. Ni los políticos ni los jueces israelíes creen que su país está obligado a respetar el derecho internacional.

Durante muchos años, una resolución de la Asamblea General de la ONU equiparaba sionismo y racismo. Dado que el sionismo es la ideología fundadora del Estado de Israel, no debe sorprender a nadie que los judíos adjudicaran a Naciones Unidas la etiqueta de enemigo, aunque no de los más peligrosos. Una vez que se corrigió ese error histórico (condenar ideologías o países enteros es una muestra típica de intolerancia), los israelíes deberían haber normalizado sus relaciones con la comunidad internacional. Acusar al Tribunal de La Haya de parcial o sectario sólo porque forma parte de esa comunidad jurídica internacional, o porque muchos de sus jueces son europeos, es otra forma de intolerancia, similar a aquella en la que incurrieron los que aprobaron la resolución sobre el sionismo y el racismo.