21.4.04

¿Qué hay que investigar?

A vueltas de los agujeros negros del periodismo, algunas personas se preguntan en los comentarios si no es necesaria una comisión de investigación para arrojar luz sobre algunos de los enigmas que rodean a la investigación policial del atentado del 11M. En EEUU, tras la tragedia del 11S las familias de las víctimas y muchos medios de comunicación exigieron esa investigación. Su intención era saber si hubiera sido posible evitar los atentados, si las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia cometieron errores que permitieron que durante meses un grupo de terroristas pudiera preparar en suelo norteamericano y llevar a cabo el mayor atentado terrorista sufrido en la historia del país.

¿Es necesario realizar una investigación así en España?

Desde luego, es poco probable que pueda ponerse en marcha con pseudoinvestigaciones periodísticas basadas en teorías de la conspiración y pergeñadas con la intención de culpar a algunos partidos o medios de comunicación, por cuestionable que sea su comportamiento. Pero la pregunta sigue estando ahí y tiene el mismo sentido hacérsela ahora en España como lo tuvo en EEUU en el 2001.

¿Pudieron evitarse los atentados de Madrid? ¿Tuvieron alguna posibilidad las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia de alertar al Gobierno sobre la matanza que se estaba preparando? Quizá lo preocupante sea que no se estén oyendo muchas voces haciéndose estas preguntas, y que los únicos testimonios que se escuchan carecen de toda credibilidad, al alentar teorías fantásticas que sólo dan para futuros libros de Dominique Lapierre y Larry Collins.

Sí hay cosas que no proceden de la fantasía. Sabemos que la Policía de Marruecos avisó a las policías española y francesa sobre un ciudadano marroquí llamado Jamal Zougam y sobre su relación con grupos integristas que habían cometido atentados indiscriminados. No informaron que Zougam era un tipo peligroso dispuesto a llevar la yihad a Europa, pero sí que era alguien a quien había que investigar.

Sabemos que la Policía española encontró su rastro en Madrid y que fue investigado, como lo son otros muchos árabes en Europa que tienen una relación, directa o indirecta, peligrosa o inocua, con grupos integristas. Sabemos, o podemos suponer, que sus teléfonos fueron pinchados, aunque no sabemos por cuánto tiempo. Es bueno recordar que Zougam trabajaba vendiendo móviles y tarjetas de móviles, lo que dificultaba el trabajo de los agentes. Digamos que la Policía pide permiso a un juez para pinchar un teléfono, el sospechoso lo utiliza durante unos días o semanas. Obviamente habla en árabe, y las cintas se acumulan a la espera de ser traducidas. No dice nada que resulte muy sospechoso, y cambia de teléfono y, meses después, lo vuelve a tirar y utiliza otro. La Policía intenta seguir el rastro de sus llamadas y, según pasan los meses, se pregunta si es necesario seguir escuchándole, porque nada de lo que dice parece justificar continuar con la investigación.

Un tiempo después, meses o años después, si esa persona participa en un atentado, es lógico que la Policía se pregunte si hubiera podido encontrar algo que le hubiera relacionado con un grupo terrorista. Es lógico que el Gobierno se pregunte si es necesario, y cuánto, aumentar el número de policías que se dedican a investigar el terrorismo integrista, si es necesario aumentar el número de policías que hablen árabe, o si es necesario mejorar la coodinación con las policías de otros países, incluido Marruecos.

Es también lógico que el Gobierno se pregunte si hay que prestar más atención a Marruecos, y no sólo por la llegada de inmigrantes o al tema de Ceuta y Melilla. ¿Sabemos lo que está pasando al sur de Algeciras? ¿Existe la posibilidad de que haya centenares o miles de jóvenes dispuestos a seguir el camino de Jamal Zougam? ¿Puede la Policía marroquí detenerlos a todos o tenemos que pensar que algunos pueden llegar a nuestro país?

No resulta extraño que el Gobierno se pregunte cuáles son las prioridades del CNI y en qué se gasta su cuantioso presupuesto. Qué informaciones obtiene de su vasta relación de confidentes en Marruecos, si tiene alguna manera de saber qué ambiente se respira en las mezquitas de España si, por ejemplo, un día llega a una de ellas un extranjero que ha combatido en Afganistán o Chechenia y si se limita a contar sus historias o intenta hacer proselitismo de sus probablemente peligrosas ideas.

Por último, no es insólito que el Gobierno se pregunte si el aumento de los poderes de la Policía y los servicios de inteligencia no puede poner en peligro las libertades que reconoce la Constitución y a las que tiene derecho cualquier persona que viva en España, con independencia de su nacionalidad, ideas políticas, raza o religión.

Y, por tanto, si el Gobierno puede hacerse estas preguntas, ¿por qué no pueden hacérselas los ciudadanos? ¿No tienen derecho a saber lo que se está haciendo para protegerles de una amenaza? ¿No tienen derecho a saber para qué se utiliza el dinero de sus impuestos, que es uno de los rasgos, no de los más llamativos, que caracterizan a las democracias?

En las últimas semanas, hemos visto cómo el director de la CIA ha sido interrogado, amablemente, en el Congreso de EEUU para que explicara por qué el organismo que dirije no pudo hacer nada que sirviera para descubrir a los autores de los atentados del 11S y qué está haciendo ahora para impedir que haya más atentados. Se ha hecho lo mismo con otros altos cargos de la Administración de primer nivel. Las sesiones han sido retransmitidas por televisión.

En España se ha producido un cambio de Gobierno y eso pone las cosas más fáciles, porque no habrá que pedir la dimisión de nadie. ¿Por qué ellos pueden hacerlo, y nosotros no?